El Gobierno Nacional entregó el 21 de julio de 2026 a la bancada del Pacto Histórico en el Congreso el proyecto de Reforma Integral a la Ley 30 de 1992, una iniciativa que propone actualizar el marco normativo que ha orientado la educación superior durante más de tres décadas. La propuesta busca consolidar un sistema público más sólido, ampliar oportunidades para jóvenes, fortalecer capacidades científicas y convertir el conocimiento en motor del desarrollo regional. Esta reforma da continuidad a la Ley 2568 de 2026, que modificó los artículos 86 y 87 para garantizar financiación progresiva a instituciones públicas. Entre los ejes centrales de la reforma se encuentran el reconocimiento de la educación superior como derecho y bien común, mayor participación de la comunidad académica en las decisiones, y la creación de Consejos Territoriales de Educación Superior para articular universidades con gobiernos locales. La construcción del proyecto incorporó aportes de estudiantes, docentes, rectores y organizaciones académicas recogidos en un proceso de diálogo nacional.